Marlaska saca a la Guardia Civil de puertos y aeropuertos y regala el control al independentismo

Guardias civiles denuncian que el Gobierno de Pedro Sánchez y Fernando Grande-Marlaska, a apenas diez días de unas elecciones en las que pueden ser desalojados del poder, está maniobrando para quitarles las competencias sobre la seguridad de puertos y aeropuertos para entregárselas a las policías autonómicas. De esta forma, se cumpliría una de las exigencias planteadas por los socios independentistas de Sánchez, como EH Bildu y ERC.  Y lo hacen «antes de que finalice la legislatura y sin dar explicaciones». Algo similar a lo que ocurrió en Navarra con Tráfico.

Según denuncia este viernes AGUC, el Ministerio del Interior trabaja en un «informe jurídico de la Dirección General de Coordinación y Estudios» cuyos efectos de aplicación en forma de instrucción supondrían quitarle a la Guardia Civil sus competencias sobre el control de estas instalaciones portuarias, entregándoselo a la Policía Nacional.

Este movimiento, explican, tendrá un doble efecto: la ley solo contempla que la Policía Nacional tenga encomendada el control documental en aeropuertos y puertos, por lo que la seguridad de las instalaciones, que hasta ahora estaban en manos de la Guardia Civil, pasará a las policías autonómicas allí donde tengan las competencias de seguridad. Es decir, en Cataluña y País Vasco.

Esto supone, entienden, que el Gobierno va a regalar el control de los aeropuertos y puertos a sus socios independentistas, como le vienen reclamando desde hace años y especialmente desde que conforman un bloque político en el Congreso de los Diputados.

Denuncian que el Ministerio de Interior está «acelerando todos los trámites para dejarlo cerrado antes de que se acabe la legislatura, teniendo como efecto inmediato el destierro de más de 6.000 guardias civiles y sus familias de sus localidades».

Señalan, además, que «todos estos movimientos se están llevando a cabo ocultos a la opinión pública y a los ciudadanos, con toda la premura posible, antes de que finalice la legislatura y sin dar explicaciones a la opinión pública sobre los motivos que les llevan para desmantelar y hacer desaparecer, poco a poco, a la Guardia Civil de toda España».

«Lenin»

«El brazo ejecutor de este nuevo desplante a la Guardia Civil es el Secretario de Estado de Seguridad Rafael Pérez, de la mano, otra vez, del famoso comisario José Antonio Rodríguez, conocido como “Lenin”, al cual el Ministerio del Interior premió por su afinidad y convirtió en un puesto político un cargo de perfil estrictamente técnico, para posibilitar su continuidad tras jubilarse como policía», señala AUGC.

«No es la primera vez que el comisario José Antonio Rodríguez, alias Lenin, actúa contra la Guardia Civil, en beneficio de la Policía Nacional o Autonómica, como ya sucedió con la problemática del transporte de presos y penados, en las cuales AUGC tuvo que acudir al Defensor del Pueblo y a la Unión Europea», recuerdan.

Echar a los guardias

Entienden, además, que «estas disputas, por ver quién es el responsable de la seguridad de puertos y aeropuertos en España, no son algo nuevo, ya que una y otra vez se ha intentado desplazar a la Benemérita de una competencia exclusiva, con continuos ataques desde los partidos nacionalistas catalanes y vascos, queriendo usarnos como moneda de cambio de este gobierno,

El Gobierno insiste, dicen, en dejar «indefensos a los miles de guardias civiles frente a las aspiraciones políticas, barriendo del mapa a la Guardia Civil de Cataluña, País Vasco y Navarra, así como de toda España, en un nuevo movimiento de este Gobierno para hacer desaparecer a la Guardia Civil poco a poco, sin que el ciudadano se dé cuenta y por la puerta de atrás».

«¿Y cuál es la forma de hacerlo para ocultarlo y desmantelar la Guardia Civil sin que nadie se de cuenta? Pues usando para ello los Planes de Seguridad, los cuales requieren únicamente del trámite de la firma del Secretario de Estado de Seguridad para echar a la Guardia Civil. De esta manera se hace entrega de todas las competencias de seguridad en puertos a Ertzaintzas, Mossos d’Esquadra y Policía Nacional, tanto en zona pública como en zona restringida, incumpliendo la Ley al quitar a la Guardia Civil la vigilancia de fronteras, puertos y aeropuertos, y relegándola únicamente a una presencia testimonial como resguardo fiscal», detallan.

«El Secretario de Estado ha firmado ya la primera sentencia de muerte de la Guardia Civil, entregando la seguridad y custodia del puerto y de la frontera marítima a la Ertzaintza en el puerto de Guipúzcoa, accediendo así a las pretensiones de PNV y Bildu para terminar de sacar a la Guardia Civil del País Vasco y quedarse con todas las competencias de seguridad», concluyen.